Autor: Javier Rueda Asociado Departamento de Litigios
“La importancia de actuar estratégicamente desde el momento en que se presenta la denuncia para fortalecer la investigación penal.”
La estafa constituye uno de los delitos patrimoniales que con mayor frecuencia afecta tanto a personas particulares como a empresas, ocasionando un perjuicio directo sobre su patrimonio. Sin embargo, sus consecuencias trascienden el ámbito económico, ya que en algunos casos los bienes o el dinero pueden llegar a recuperarse, el tiempo invertido, la confianza quebrantada, el desgaste emocional y la incertidumbre que acompaña el desarrollo de una investigación penal también forman parte del daño que experimentan las víctimas.
Estas situaciones suelen suceder debido a que las víctimas depositan su confianza en promesas de inversión, compra-ventas de divisas, negocios o servicios que aparentan ser legítimos, pero que terminan ocasionando importantes pérdidas económicas y, en ocasiones, consecuencias personales y comerciales de gran impacto.
Frente a esta situación, es común que las víctimas lleguen a pensar que la presentación de una denuncia penal es suficiente para que las autoridades identifiquen al responsable, recuperen el dinero perdido y obtengan una sentencia condenatoria. Sin embargo, la realidad del proceso penal demuestra que se tiene que realizar una investigación minuciosa y que esta no solo depende de la actuación del Ministerio Público, sino también de la participación activa y oportuna de la víctima desde las primeras etapas del procedimiento.
En mi experiencia profesional ha quedado demostrado que numerosas investigaciones se debilitan porque la víctima espera mucho tiempo para denunciar o comete errores que dificultan la obtención de pruebas, permitiendo que el autor oculte su patrimonio o limitando las posibilidades de lograr una reparación efectiva del daño ocasionado.
A continuación, presento cinco de los errores más frecuentes que suelen observarse en investigaciones por el delito de estafa y que pueden comprometer el desarrollo del proceso si no son atendidos oportunamente.
1. Esperar demasiado tiempo para presentar la denuncia
Uno de los errores más comunes consiste en dejar transcurrir semanas o incluso meses antes de acudir ante las autoridades competentes. En muchas ocasiones, la víctima mantiene la esperanza de que el responsable cumplirá con lo prometido, devolverá el dinero o regularizará la situación, prolongando innecesariamente una espera que termina favoreciendo al autor del hecho.
Si bien cada caso debe analizarse de manera individual, el paso del tiempo puede dificultar de forma significativa la investigación, porque durante ese periodo pueden perderse elementos de prueba, desaparecer documentos relevantes, eliminarse conversaciones electrónicas, modificarse registros informáticos, cerrarse cuentas bancarias o incluso producirse la transferencia de bienes que posteriormente podrían haber servido para garantizar la reparación del daño.
Actuar con prontitud no implica precipitarse, sino permitir que la investigación se inicie cuando las posibilidades de obtener evidencia útil y adoptar medidas oportunas son mayores. Una denuncia presentada de manera inmediata y oportuna facilita la reconstrucción de los hechos y amplía las herramientas disponibles para las autoridades encargadas de la investigación.
2. No conservar adecuadamente las pruebas
El error más frecuente de la víctima es asumir que, una vez presentada la denuncia, corresponderá exclusivamente al Ministerio Público reconstruir los hechos y obtener toda la evidencia necesaria para demostrar la existencia del delito. Sin embargo, si bien la dirección funcional de las investigaciones recae en la Fiscalía, la información y documentación que conserva la víctima suele constituir el punto de partida para el esclarecimiento de los hechos.
En los delitos de estafa, es común que gran parte de la evidencia tenga un origen documental o digital: comprobantes de pago, transferencias bancarias, conversaciones mantenidas por aplicaciones de mensajería, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, fotografías, grabaciones, recibos y cualquier otro antecedente relacionado con la operación pueden convertirse en elementos probatorios de especial relevancia durante la investigación.
Téngase en cuenta que la conservación adecuada de los elementos de prueba no implica únicamente guardar documentos, sino también procurar mantener su integridad, autenticidad y trazabilidad. Mientras más completa y organizada sea la información proporcionada desde el inicio de la investigación, mayores serán las posibilidades de reconstruir los hechos, identificar a los responsables y sustentar las actuaciones procesales que correspondan.
Se recomienda que desde el momento en que exista la sospecha de haber sido víctima de una estafa, se resguarde toda la documentación e información disponible, se evite eliminar conversaciones, se conserven los dispositivos donde se encuentra la evidencia original, se respalden los archivos digitales y se organicen cronológicamente los antecedentes para contar con una base probatoria más sólida para el desarrollo de la investigación.
3. Pensar que la denuncia, por sí sola, garantizará alguna recuperación del dinero
La expectativa más común que tiene una persona que fue víctima de estafa es creer que la sola presentación de una denuncia penal permitirá recuperar automáticamente el dinero o los bienes perdidos. Si bien la denuncia constituye el primer paso para activar la intervención de las autoridades, por sí misma no asegura la restitución del patrimonio afectado.
El proceso penal tiene como finalidad investigar los hechos, identificar a los responsables y, en su caso, obtener una sanción conforme a la ley. No obstante, alcanzar una sentencia condenatoria no siempre significa que el daño económico será reparado de manera inmediata. En muchos casos, cuando la investigación avanza, el imputado ya ha ocultado, transferido o dispuesto de sus bienes, dificultando considerablemente la posibilidad de ejecutar una futura reparación del daño.
Precisamente por ello, el Código de Procedimiento Penal prevé mecanismos destinados a preservar los bienes vinculados al investigado durante el desarrollo del proceso, ya sea mediante medidas cautelares reales, como la anotación preventiva sobre bienes sujetos a registro, el embargo, el secuestro, la retención de fondos y otras medidas legalmente autorizadas, cuya finalidad es evitar que el patrimonio desaparezca antes de que exista una decisión definitiva.
La adopción de estas medidas debe responder a las circunstancias particulares de cada caso. Su importancia radica en buscar preservar la eficacia de una eventual sentencia y garantizar, en la medida de lo posible, que la víctima cuente con bienes sobre los cuales pueda hacerse efectiva la reparación del daño ocasionado.
En la práctica, es frecuente que las víctimas concentren todos sus esfuerzos en impulsar la investigación penal y descuiden la protección del patrimonio del investigado. Cuando finalmente se obtiene una resolución favorable, muchas veces los bienes ya no se encuentran a nombre del acusado, han sido transferidos a terceros o resultan insuficientes para cubrir el perjuicio económico sufrido.
Además de promover el avance de la investigación, se aconseja analizar desde las primeras etapas del proceso la necesidad de solicitar las medidas cautelares reales que resulten procedentes en cada caso. Una estrategia jurídica orientada a la protección del patrimonio puede incrementar significativamente las posibilidades de obtener una reparación del daño.
4. No colaborar activamente durante la investigación
Otro error frecuente consiste en asumir que, una vez presentada la denuncia, la participación de la víctima ha concluido y que el impulso de la investigación dependerá exclusivamente de las autoridades competentes. Si bien la dirección funcional de la investigación corresponde al Ministerio Público, la colaboración de la víctima continúa siendo un elemento de gran importancia para el adecuado esclarecimiento de los hechos.
Dentro del desarrollo de la investigación pueden surgir nuevos antecedentes, identificarse testigos, obtenerse documentación adicional o descubrirse información sobre el patrimonio, domicilio o actividades del investigado. En muchas ocasiones, es precisamente la víctima quien tiene acceso a estos elementos o quien puede advertir circunstancias relevantes que permitan orientar nuevas actuaciones investigativas.
Debe recordarse que una investigación penal es un proceso dinámico. La información que inicialmente puede parecer irrelevante, con el transcurso de la investigación puede adquirir un valor determinante para establecer la existencia del delito, identificar a sus responsables o localizar bienes que permitan garantizar una futura reparación del daño.
Es muy normal que, durante el transcurso de la investigación, la víctima recuerde nuevos antecedentes o tenga conocimiento de información relevante relacionada con el investigado. Estos elementos, aunque parezcan de escasa importancia de manera aislada, pueden resultar determinantes para orientar nuevas diligencias investigativas o fortalecer la teoría del caso.
Bajo ese entendido, la participación de la víctima no concluye con la presentación de la denuncia. Hacer un seguimiento al proceso, mantener una comunicación constante con el abogado, informar oportunamente cualquier novedad y colaborar con las actuaciones requeridas constituyen acciones que pueden fortalecer el desarrollo de la investigación y contribuir a una protección más efectiva de los derechos de la víctima.
5. Buscar asesoramiento jurídico cuando el daño ya es difícil de reparar
Con frecuencia, las víctimas de estafa acuden a un abogado después de haber agotado todas las gestiones informales para recuperar su dinero, por lo que una actuación tardía puede generar limitaciones en relación con las alternativas disponibles para la recuperación del daño.
Si bien cada caso presenta circunstancias particulares, el tiempo es un factor determinante que permite anticiparse a muchos de los obstáculos que habitualmente surgen durante la investigación, pues mientras la víctima demora en actuar, el responsable puede aprovechar ese lapso para dificultar el esclarecimiento de los hechos y disminuir las posibilidades de recuperar el patrimonio.
Ante los primeros indicios de haber sido víctima de una estafa, o en las primeras etapas del conflicto, se sugiere buscar orientación jurídica para evaluar y definir una estrategia adecuada, proteger los derechos de la víctima y adoptar las acciones necesarias para fortalecer y maximizar las posibilidades de conseguir una reparación efectiva del daño.
En conclusión, en los delitos de estafa el éxito de una investigación no depende únicamente de demostrar que el delito ocurrió, sino también de actuar de forma oportuna e inmediata, preservar adecuadamente la prueba y proteger el patrimonio que eventualmente permitirá reparar el daño causado. Una investigación eficaz y una posible reparación del daño están centradas en las decisiones que se adoptan durante las primeras etapas de la investigación.
